El Senado de la Nación sesionará este jueves desde las 11 con una agenda que tendrá como principal objetivo convertir en ley el proyecto de fortalecimiento del sistema de discapacidad. La iniciativa busca darle carácter permanente a las prestaciones y beneficios contemplados en la emergencia vigente, que tiene vencimiento previsto para diciembre.El temario también contempla el tratamiento de otros proyectos de relevancia legislativa, entre ellos la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, modificaciones vinculadas a la Ley de Tierras y la denominada Ley Joaquín.
Lo que busca establecer la nueva ley de discapacidad
El proyecto, denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, apunta a conservar buena parte de los beneficios establecidos por la Ley 27.793, pero con una diferencia central: dejar atrás su carácter de emergencia y convertir sus disposiciones en permanentes.
Entre sus principales medidas, contempla que las personas titulares de una pensión no contributiva por discapacidad puedan mantener ese beneficio mientras trabajan formalmente o están inscriptas en el monotributo, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. La prestación equivale al 70% del haber jubilatorio mínimo y está destinada a personas que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
La iniciativa también mantiene un nomenclador único para las prestaciones y establece actualizaciones periódicas de sus aranceles de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria. Además, garantiza la cobertura básica de salud del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión.
En cuanto al financiamiento, establece que el presupuesto destinado al área de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, al del año anterior.
Otro de los puntos contempla auditorías periódicas mediante el intercambio de información entre organismos como ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER. Estos controles deberán respetar el debido proceso y las garantías de las personas alcanzadas.
Por último, se incorporó una disposición transitoria que establece un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley.
Los límites a la compra de campos por extranjeros
Otro de los proyectos incluidos en el temario es la iniciativa del Gobierno denominada “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que ya recibió aprobación en la Cámara de Diputados.
Uno de sus principales puntos propone restablecer las restricciones establecidas por la Ley de Tierras, que limitan la adquisición de terrenos rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
Para ello, plantea derogar el artículo 154 del DNU 70/23, que había dejado sin efecto esa normativa.
De aprobarse, volverían a regir los límites del 30% de participación extranjera sobre las tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental. También se mantendría el tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo, además de las restricciones vinculadas a espejos de agua y áreas de frontera.
La iniciativa incluye, además, cambios en el régimen de expropiaciones y un procedimiento de desalojo más rápido para inmuebles y campos ocupados ilegalmente.
La protección de la industria farmacéutica
El Senado también deberá pronunciarse sobre el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, un acuerdo internacional que establece mecanismos para facilitar la presentación y el trámite de solicitudes de protección de invenciones en distintos países.
Durante su tratamiento legislativo se incorporó una reserva al capítulo II, con el propósito de resguardar a la industria farmacéutica nacional, tal como habían solicitado las cámaras empresariales del sector.
Argentina firmó el tratado en 1970 y el Senado lo había aprobado en 1998. Sin embargo, las modificaciones introducidas durante su debate en Diputados obligaron a que el acuerdo regresara a la Cámara alta para completar su aprobación y avanzar hacia su entrada en vigor.
Nuevas obligaciones para instalaciones deportivas
Por último, el temario incluye el proyecto conocido como Ley Joaquín, que busca establecer medidas de seguridad obligatorias para los espacios que cuenten con instalaciones deportivas y recreativas.
La propuesta alcanza tanto a instituciones públicas y privadas como a los espacios públicos que dispongan de equipamiento para actividades físicas y recreativas.
Entre sus disposiciones, establece la obligación de instalar, anclar, mantener y controlar correctamente elementos como arcos de fútbol, hockey, handball y rugby, aros de básquet, postes de redes de vóley y juegos infantiles de plazas.
El objetivo es establecer condiciones de seguridad para el uso de estos equipamientos y prevenir accidentes vinculados con su instalación o falta de mantenimiento.