Los jueces de la Sala VI, Mónica Mukdsi (presidenta), José Luis Riera y Guillermo Pereyra (vocales) juzgaron a S.A.S (menor al momento del hecho), acusada de homicidio calificado, fue considerada penalmente responsable y será el Juzgado de Menores N°1 el encargado de fijarle la pena.
En tanto, Martín Oscar Laime, acusado de encubrimiento agravado, fue absuelto lisa y llanamente.
Para los acusados por incumplimiento de deberes de funcionario público, ya que fueron los coordinadores del Sistema de Emergencia 911 que recibieron la última llamada de la víctima donde expresó que estaba siendo asesinada y los oficiales de la policía que fueron a la casa sin ingresar al domicilio hubo absolución en casi todos los casos menos 1.
Marcelo Tintilay Cordeyro, Gustavo Javier González y Gabriela Valeria Casasola Moyano fueron absueltos en forma lisa y llana.
Antonio Exequiel Sanhueso, Juan Carlos Vizgarra y Normando Domingo Corbera fueron absuelto por el beneficio de la duda.
Un fallo injusto
Pablo Tort, abogado querellante por la Fundación Cintia Fernández, se refirió a la causa y consideró que no hubo justicia en el fallo del Tribunal.
Si bien sostuvo que en su primera impresión tiene intenciones de apelar la resolución, indicó que esperará los fundamentos del fallo judicial para finalmente actuar con alguna medida judicial concreta.
“El primer instinto que nos nace frente a una injusticia es revertir esa resolución, pero hay que esperar los fundamentos que vamos a analizar con el cuerpo de colegas que trabajan en la Fundación y en base a eso vamos a decidir”, advirtió Tort y confirmó que los fundamentos se darán a conocer el 2 de junio.
Y añadió: “En general, es un balance negativo. Si bien estamos satisfechos con el trabajo que se ha hecho a nivel Fundación y a nivel Ministerio Público, entendemos que la resolución de la justicia no se condice con el concepto de justicia. Tenemos policías que están reprimiendo en estos momentos a docentes que están manifestándose por un derecho legítimo, y tenemos absueltos a policías que han incumplido con su deber. Forma parte del sistema en el que estamos”.
Desde la querella consideran que Herrera junto a las cuatro personas que intervinieron en el llamado de auxilio de Rosa Sulca son penalmente responsables, es por ello que hay una sensación de injusticia, según detallaron.
Héctor Roberto Herrera fue el único condenado con una pena de 1 año de inhabilitación absoluta y al pago de una multa como autor del delito de omisión de acto funcional.