Más de 150 jefes comunales de distintos puntos del país se movilizaron el martes 14 de abril, hacia el Ministerio de Economía para reclamar por la situación crítica que atraviesan las administraciones locales, en lo que calificaron como una “asfixia financiera”. En este contexto, intendentes de Salta no participaron de la convocatoria.
Se trató de una protesta inédita en los últimos años, donde intendentes de diferentes espacios políticos coincidieron en un mismo reclamo: la falta de recursos y el impacto de las políticas económicas nacionales en las finanzas municipales.
Entre los principales pedidos, exigieron la restitución de transferencias a los municipios, la reactivación de obras públicas paralizadas, especialmente viales, y una revisión en el precio del combustible, solicitando que se retrotraiga a valores de marzo.
Durante la jornada, también cuestionaron el destino del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Según señalaron, esos fondos deberían destinarse a obras de infraestructura, como rutas y proyectos hídricos, pero denunciaron que no están regresando ni a las provincias ni a los municipios.
En ese sentido, citaron un informe del Instituto Argentina Grande que advierte que el Gobierno nacional acumuló $6,1 billones en impuestos que no se tradujeron en obras. De ese total, $3,1 billones corresponden al ex impuesto PAIS y $3 billones al tributo sobre los combustibles.
El documento también refleja el fuerte impacto del aumento del combustible: entre noviembre de 2023 y abril de 2026, la nafta subió un 542,7%, muy por encima de la inflación acumulada (292%) y de la evolución de los salarios (288%).
Otro punto crítico es la caída de la coparticipación. Según datos de la Federación Argentina de Municipios, en el primer trimestre de 2026 la baja fue del 11%, mientras que el retroceso acumulado en los últimos años ronda el 24%.
Finalmente, los intendentes también cuestionaron el uso de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y advirtieron que la falta de recursos ya impacta en servicios esenciales como salud, asistencia social, transporte y producción, profundizando la crisis en los territorios.