El Observatorio de Tierras, integrado por investigadoras/es del CONICET y la UBA, presentó un mapa interactivo que revela el alcance de la extranjerización de la tierra en Argentina. El estudio estima que casi el 5% del territorio nacional —más de 13 millones de hectáreas, una superficie similar a Inglaterra— pertenece a firmas o Estados extranjeros.
El informe contradice el argumento oficial de que ninguna provincia supera el límite legal del 15%: al analizar por departamentos, 36 distritos ya lo exceden. Casos críticos se registran en Lacar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta), donde la extranjerización supera el 50%. También hay altos porcentajes en zonas estratégicas del río Paraná.
Según los investigadores, Estados Unidos lidera la tenencia con 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España. Advierten que derogar la Ley de Tierras no apunta a inversiones productivas, sino a facilitar la apropiación de recursos estratégicos, lo que podría profundizar conflictos sociales.
El gobierno nacional sostiene en su página que ninguna provincia excede el límite del 15%. Entonces, ¿por qué se esfuerzan tanto en derogar la ley?
A nivel nacional, alrededor del 5% del territorio argentino está en manos extranjeras. En superficie, esto supera los trece millones de hectáreas: el equivalente a la extensión de Inglaterra. Pero el dato nacional, aunque impactante, no es el más relevante. La verdadera dimensión del fenómeno aparece cuando bajamos la escala y miramos por departamento, o cuando cruzamos la información con la ubicación de cursos de agua, acuíferos o zonas con potencial minero.
Existen 36 departamentos que ya exceden el límite fijado por la ley. Y hay cuatro casos –Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta)– donde la extranjerización supera el 50%. Todos ellos concentran bienes estratégicos como agua dulce o recursos minerales. A su vez Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes), y Campana (Buenos Aires) —todas localidades sobre la principal vía fluvial navegable del país, el río Paraná— superan ampliamente el 30%.
El patrón es claro: las situaciones más críticas se dan en zonas fronterizas —tanto en el norte como en la cordillera— y en territorios con recursos hídricos, mineros o ventajas logísticas como puertos.
En cuanto a las nacionalidades de los principales poseedores de tierras, el listado es encabezado por ciudadanos estadounidenses con más de 2,7 millones de hectáreas. Le siguen Italia y España. Solo estas tres nacionalidades concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada. Para dimensionarlo: los estadounidenses poseen una superficie mayor que la provincia de Tucumán.
La derogación apunta a habilitar compras en zonas con un valor natural y estratégico excepcional. Lagos patagónicos de agua dulce, bosques nativos, cordillera con minerales críticos, áreas fronterizas sensibles, regiones a la vera de los grandes ríos o asentadas sobre acuíferos que abastecen a millones de personas. En un contexto global marcado por tensiones en torno al agua y la energía, permitir la expansión extranjera sobre estas áreas supone que el Estado argentino reduzca su capacidad de responder a las necesidades de su población de manera soberana.
La búsqueda por la derogación de la Ley de Tierras ocurre en un escenario internacional de creciente disputa por recursos estratégicos. El reciente corolario de Trump a la Doctrina Monroe expresa un cambio en la estrategia estadounidense a nivel regional, orientado a asegurar su acceso a los recursos naturales en América Latina. En ese marco, estas decisiones pueden leerse como una redefinición de quién controla territorios clave hacia adelante.
Definir qué se puede vender y qué no, y bajo qué reglas, no es una cuestión de carácter administrativo: ordena el acceso a recursos que son centrales para la vida cotidiana y para cualquier proyecto de desarrollo. Por eso, en un momento de presión creciente sobre estos territorios, desarmar las protecciones existentes —que se sostuvieron durante décadas sobre la base de una visión a largo plazo del territorio y sus recursos— no es neutral: reconfigura quién decide, quién accede y quién queda afuera en algunos de los espacios más sensibles del país.