Con la asunción de los nuevos diputados y senadores, y aprovechando el momento político de ofensiva, el gobierno anunció el envío de proyectos clave, entre ellos, la derogación definitiva de la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, más conocida como Ley de Tierras (n° 26.737) de 2011. Para dimensionar lo que está en juego, es necesario revisar el contexto en que esta ley fue sancionada.
Un punto de quiebre en el proceso contemporáneo de extranjerización de tierras se produjo a fines de los años noventa. En 1996, el gobierno de Carlos Menem creó la Secretaría de Seguridad Interior (SSI), que asumió funciones que pertenecían a la Superintendencia Nacional de Fronteras. En sus primeros años, la SSI autorizó la venta de más de 8 millones de hectáreas en zonas de seguridad fronteriza, áreas históricamente protegidas por el decreto 15.385 de 1944, que establecía su venta exclusivamente a ciudadanos argentinos. Esa normativa, a pesar de continuar vigente, fue ampliamente vulnerada en la década de los noventa con ventas irregulares y triangulaciones. Dos de los casos más emblemáticos son el de Lago Escondido en Río Negro -adquirido por el magnate británico Joe Lewis- y el de las tierras patagónicas compradas por Luciano Benetton, de nacionalidad italiana.
En los años 2000, con el boom internacional de los precios de los alimentos, el valor de la tierra se disparó y la devaluación facilitó la compra por parte de extranjeros de tierras fértiles y estratégicas. En este escenario, en 2011 se sancionó la Ley de Tierras, que fijó un límite de extranjerización de tierras de un 15% de la superficie a nivel provincial y departamental, y fortaleció los mecanismos de control para evitar triangulaciones sin supervisión estatal.
En 2016, durante la gestión de Mauricio Macri, el Decreto 820/2016 modificó la aplicación de la Ley de Tierras. El decreto flexibilizó los procedimientos, habilitó la posibilidad de informar cambios societarios después de realizados, redujo los requisitos para compras e introdujo criterios más amplios para definir quién era considerado extranjero. En la práctica, estos cambios facilitaron operaciones que antes estaban sujetas a control y, fundamentalmente, modificaron la forma de medir la extranjerización en casos de sociedades, sucesiones, condominios o participaciones indirectas.
Como consecuencia, entre el primer relevamiento oficial de 2015 y el de 2022 se observa una baja en los porcentajes de tierras en manos extranjeras que no refleja una reducción real, sino el impacto de esta nueva metodología. En 2023, con la llegada al poder de La Libertad Avanza, el DNU 70/2023 derogó la Ley de Tierras mediante su artículo 154. Sin embargo, en enero de 2024, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentó un amparo que logró frenar provisoriamente la derogación en la justicia, evitando que la situación cambiará sustancialmente en los meses siguientes.
FUENTE: OBSERVATORIO DE TIERRAS https://www.observatoriodetierras.ar/2025/12/la-extranjerizacion-de-tierras-en.html?m=1