Decenas de miles de personas comenzaron a manifestarse este sábado por el derecho a la vivienda en Madrid y otras ciudades españolas, un día después de que los diputados rechazaran un paquete de medidas presentadas por el Gobierno.
Las manifestaciones, previstas antes de la votación del viernes, se enmarcan en la crisis abierta hace unos diez días por el desalojo de su vivienda madrileña de una anciana, convertida en símbolo de la crisis de la vivienda que afecta a España desde hace varios años.
En Madrid, donde un centenar de activistas mantiene desde hace una semana un campamento en la céntrica Plaza del Sol, varias marchas, tras una gran pancarta con el lema “Hacia la huelga general”, confluyen en otra gran plaza del centro.
“Lo que se respira en las calles es una nueva energía, una energía que hacía mucho tiempo que no veíamos, una energía que viene de demostrar que ocho días de poder popular son capaces de hacer mucho más que ocho años de gobierno progresista”, dijo en un comunicado, en referencia al ejecutivo de Pedro Sánchez, Valeria Racu, una de las portavoces del Sindicato de Inquilinas, que impulsó el movimiento.
“Ahora empieza la política de verdad, la política que siempre perteneció al pueblo y que vuelve de una vez por todas a las calles”, añadió. Y pidió “rescatar esa herramienta histórica (…) para transformar la realidad, que es la huelga general”.
El rechazo este viernes de los textos impulsados por el Gobierno, que beneficiaban a los inquilinos y suspendían los desalojos, volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de elecciones anticipadas, previstas inicialmente para 2027.
Según la prensa española, el presidente del Gobierno se ha dado unos días para evaluar la situación y decidir si las convoca.
En el hemiciclo, Sánchez intentó el viernes hasta el último momento conseguir una mayoría, sin éxito: el Partido Popular (derecha), Vox (ultraderecha) y Junts (independentistas catalanes) votaron en contra de los dos textos del Gobierno.
La crisis actual se desencadenó por el desalojo, la semana pasada, de Maricarmen Abascal, una madrileña de 87 años expulsada del apartamento en el que vivía desde hacía siete décadas, después de que la inmobiliaria que lo había comprado quisiera aumentarle el alquiler un 275 por ciento.