“Se propone que el Congreso haga efectiva la delegación legislativa prevista en el artículo 76 de la Constitución Nacional, declarando la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025”, indican los considerandos del proyecto de ley.
La delegación legislativa podrá ser prorrogada por dos años más, hasta 2027, lo que implica la totalidad del mandato de Javier Milei.
Bibliotecas sin precio único
El artículo 60 ―incluido en el título 3 de Reorganización Económica, capítulo 1 de Desregulación económica― promueve la eliminación de la Ley 25.542, de precio uniforme de venta al público de libros, también conocida como “Ley de Defensa de la Actividad Librera”.
Según esta normativa, los editores, importadores o representantes de libros fijan un precio uniforme de venta al público (PVP) o consumidor final de los libros que edite o importe. Es decir, los libros tienen el mismo precio en cualquier librería física. Lo mismo sucede con las ediciones digitales.
Esta ley, que se inspira en la Ley Lang, promulgada en 1981 en Francia, busca proteger a las librerías frente a “grandes superficies”, como supermercados. Si el supermercado toma un libro que se vende muchísimo o dos y los pone muy baratos, porque maneja grandes volúmenes o porque eso le sirve como oferta, entonces las librerías venderán mucho menos. Entonces, para sostener esos negocios que se dedican exclusivamente o principalmente a los libros, se dictó una ley que impide las rebajas.
Bibliotecas Populares, en la mira
Según el texto propuesto, que propone la derogación del Fondo Especial que creaba la Ley 23.351 desaparecen los artículos que establecen que “además de las partidas que sean asignadas por el Presupuesto General de Gastos de la Nación” existe el “Fondo Especial para Bibliotecas Populares”. Y que ese Fondo se destina “exclusivamente para el otorgamiento de beneficios directos a las Bibliotecas Populares”.
A su vez, la ley elimina las tarifas reducidas a los servicios públicos para las Bibliotecas Populares, así como los beneficios de gravamen fiscal. Entre otros se anulan para ellas la franquicia postal; la liberación de todo gravamen establecido en la ley de impuesto de sellos y la “subvención para el mantenimiento de las instalaciones, aumento del caudal bibliográfico, remuneración y perfeccionamiento del personal bibliotecario —profesional, auxiliar y de maestranza—, modernización del equipamiento y actualización del procesamiento técnico de materiales”.
También promueve la desaparición de la Junta Representativa, es decir un órgano federal dentro de la Conabip. Hasta ahora la Junta estaba compuesta “por un representante por provincia y uno por la Capital Federal”. La nueva ley directamente la elimina.
La intención es aprobarla rápido
“Hoy la Argentina, además de no tener plata, no tiene tiempo que perder” dijo el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem tras recibir el proyecto de ley ómnibus denominado “Bases y punto de partida para la libertad de los argentinos” de manos del ministro de Interior Guillermo Francos.
Con respecto al desarrollo del futuro debate, señaló: “Vamos a conformar las comisiones, las vamos a poner en marcha y vendrán los funcionarios de gobierno, entre ellos, los ministros Guillermo Francos y, de Economía, Luis Caputo”.
Entre este miércoles y jueves, se conforman las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General, Asuntos Constitucionales y Relaciones Exteriores, entre otras. La próxima semana, comenzará el debate y los funcionarios estarán en el Congreso.” Haremos lo imposible para aprobarlo rápido” dijo el titular del cuerpo a los periodistas acreditados en el Congreso.
