El sector formal registra una caída del 40% en su actividad. Empresarios advierten que los locales habilitados van camino a la extinción debido a un código nocturno obsoleto que expulsa a los jóvenes hacia eventos ilegales y sin control en toda la provincia.
Según advirtió Mario Delaloye, referente del sector de discotecas, la actividad de los locales bailables habilitados sufrió una contracción del 40%, registrándose caídas aún más severas en determinados establecimientos que hoy se encuentran al borde del cierre definitivo.
El alarmante diagnóstico coincide con un intenso fin de semana operativo en el cual la Policía de la Provincia clausuró cinco fiestas clandestinas y labró actas de infracción a cinco personas.
Los eventos no autorizados demostraron un alto nivel de dispersión geográfica, multiplicándose desde la ciudad Capital hasta Cafayate, con episodios detectados también en las localidades de San Agustín y Colonia Santa Rosa.
Un marco regulatorio desactualizado frente a los nuevos hábitos
Para los empresarios del sector, la proliferación de estos encuentros ilegales es la consecuencia directa de un problema de fondo: un código nocturno municipal que quedó obsoleto frente a los cambios culturales de los consumidores. Actualmente, la ordenanza vigente en la Capital permite la venta de bebidas alcohólicas hasta las 4 de la mañana y establece el cese total de la actividad a las 5.
Delaloye explicó que las costumbres de los jóvenes se modificaron, retrasando la hora de ingreso a los locales. “Si la gente termina de ingresar hasta las 3 de la mañana, no es atractivo porque le queda una hora para consumir alguna copa, agua, gaseosa, un trago o una cerveza. Y después de las 4 ni agua se puede dar de las barras”, detalló, marcando la desventaja competitiva de Salta respecto a provincias vecinas como Santiago del Estero y Buenos Aires (donde los horarios se extienden hasta las 7) o Tucumán y Córdoba (con un límite fijado a las 6).
La crisis ya modificó el mapa comercial de la ciudad Capital, donde se estima que quedan menos de ocho boliches bailables operativos. “Antes todos los años abría uno nuevo, ahora no abre nadie y al contrario se están cerrando. Vamos camino a la extinción de estos locales”, alertó el referente. Asimismo, denunció la existencia de confiterías y salones de fiestas que funcionan de manera irregular como espacios de baile, evadiendo los controles policiales y de alcoholemia correspondientes.
Riesgos sanitarios y peligro vial en la vía pública
La preocupación de la industria regulada se enfoca de manera prioritaria en la total ausencia de medidas de seguridad e higiene dentro de las fiestas clandestinas, tanto en aquellas que cobran entrada como en las que operan bajo la modalidad de venta interna de alcohol. Delaloye calificó la situación como un “riesgo total”, haciendo especial hincapié en la vulnerabilidad de las mujeres ante la falta de personal de seguridad y la imposibilidad de verificar el origen y la composición de las bebidas consumidas.
A este panorama se suma el riesgo vial matutino. Al carecer de horarios de cierre, estos eventos informales suelen prolongarse hasta las 10 o 11 de la mañana. A esa hora, los asistentes comienzan a circular en vehículos particulares coincidiendo con el inicio de la jornada laboral y familiar del resto de los ciudadanos, en momentos donde los controles de tránsito ya no se encuentran desplegados con la misma intensidad que en la madrugada.
Un reclamo legislativo que busca reactivarse antes del verano
El sector empresarial busca reabrir los canales de diálogo con el Concejo Deliberante de cara a la temporada de fin de año y el inicio del verano, período en el cual el flujo de personas se duplica por la llegada de turistas y estudiantes universitarios de otras provincias.
El año pasado, los propietarios presentaron un proyecto formal para elevar la capacidad permitida de 1 a 1,5 personas por metro cuadrado, extender la venta de alcohol hasta las 5 y desplazar el horario de cierre definitivo hacia las 6 de la mañana. La iniciativa quedó frenada debido al receso legislativo estival y la posterior modificación de la agenda de prioridades del cuerpo deliberativo al reanudar las sesiones ordinarias.