La investigación por los mensajes intimidatorios en distintas escuelas de Salta, sumó nuevos detenidos en las últimas horas y el número ya asciende a cuatro jóvenes mayores de edad y dos menores involucrados en varios hechos. Los casos están vinculados a grafitis y mensajes que advertían sobre posibles situaciones violentas en establecimientos educativos, en una semana marcada por la preocupación en la comunidad educativa y la intervención de la Justicia.
El avance más reciente se dio en el marco de la causa que lleva adelante el fiscal penal 3 del Distrito Centro, Horacio Córdoba Mazuranic, quien investiga la aparición de inscripciones con contenido intimidatorio en el baño de varones del Colegio Walter Adet, en barrio Santa Ana I. A partir de ese hecho, y con autorización del juez de Garantías interviniente, se dispuso la detención de dos jóvenes de 18 y 19 años y de un menor de 17, todos alumnos de la institución, acusados de presunta intimidación pública. Según consta en la investigación, los mensajes hacían referencia a la concreción de hechos durante el próximo lunes, lo que encendió las alertas dentro del establecimiento.
De acuerdo con el informe incorporado a la causa, un ordenanza del colegio habría observado el ingreso de los tres estudiantes al sector donde posteriormente se detectaron los grafitis. Al ser consultados, los jóvenes habrían señalado que se trataba de “un reto”, una explicación que ahora es analizada por la Fiscalía en el marco de una hipótesis que también contempla la posible influencia de desafíos virales o conductas replicadas entre estudiantes. La audiencia de imputación de los detenidos está prevista para este sábado 18, mientras continúan las medidas investigativas para esclarecer completamente lo ocurrido.
Pero el caso del Walter Adet no es el único. En la ciudad de Salta, fueron detenidos dos alumnos de la Escuela de Educación Técnica República de la India por emitir mensajes intimidatorios, en un procedimiento que incluyó requisas domiciliarias y el secuestro de teléfonos celulares como parte de la recolección de pruebas. En tanto, en Rosario de la Frontera, se demoró a un menor de edad vinculado a un hecho de características similares ocurrido en el Colegio 5009, donde también se realizaron allanamientos bajo la intervención del Juzgado de Menores 3.
Con estos nuevos casos, el número de involucrados asciende a cuatro jóvenes mayores de edad y dos menores, distribuidos entre la capital y el interior provincial, lo que refuerza la hipótesis de un fenómeno extendido y no de hechos aislados. Las investigaciones son llevadas adelante de manera coordinada por la Brigada de Investigaciones, las Fiscalías Penales, la Asesoría de Menores e Incapaces y los Juzgados de Menores, con el objetivo de determinar responsabilidades y establecer si existe algún tipo de conexión entre los distintos episodios registrados esta semana.
El contexto general muestra un patrón común en los hechos: mensajes escritos en baños escolares o difundidos en entornos digitales, con referencias a supuestos ataques en fechas determinadas. Situaciones similares se reportaron también en otros establecimientos de la capital salteña, como el colegio Miguel Aráoz, la Escuela ex Normal, el ex Nacional y el coelgio María Teresa de Calcuta, donde se reforzaron las medidas de prevención con presencia policial y monitoreo permanente.
Desde el ámbito judicial se recordó que este tipo de conductas puede encuadrarse en el delito de intimidación pública, previsto en el Código Penal con penas que van de 2 a 6 años de prisión. En ese marco, las autoridades avanzan con la identificación de los responsables y el análisis del origen de los mensajes, en un escenario donde también se investiga la posible viralización de este tipo de contenidos a nivel nacional.
Mientras tanto, el foco inmediato está puesto en las audiencias de imputación previstas para este sábado, que marcarán un nuevo avance en las causas abiertas y permitirán formalizar las acusaciones contra los jóvenes detenidos, en medio de una investigación que sigue en pleno desarrollo.
FUENTE: DIARIO EL TRIBUNO