El Senado de la Nación aprobó este jueves 19 de noviembre, por unanimidad, la nueva ley de discapacidad, una iniciativa que establece un régimen permanente de protección social, prestaciones y financiamiento. La votación terminó con 71 votos afirmativos, ninguno negativo y ninguna abstención. Durante el debate, legisladores reclamaron al Gobierno nacional que garantice la aplicación efectiva de la normativa.
El proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, donde había obtenido 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones.
La nueva legislación busca reemplazar el esquema transitorio de emergencia por un sistema permanente que garantice la continuidad de las prestaciones, la actualización de los aranceles y el financiamiento de los servicios destinados a las personas con discapacidad.
Uno de los principales cambios está relacionado con las pensiones no contributivas por discapacidad y su compatibilidad con el empleo registrado, una cuestión que afecta directamente a quienes buscan incorporarse al mercado laboral sin perder su protección social.
Nueva ley de discapacidad: qué cambia en las pensiones
La norma establece que las pensiones no contributivas por discapacidad equivaldrán al 70% del haber jubilatorio mínimo y se actualizarán mediante los mecanismos de movilidad previsional.
Además, introduce un cambio importante para quienes trabajan o buscan empleo: la posibilidad de cobrar una pensión por discapacidad y tener un trabajo registrado, siempre que los ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Esta disposición también contempla a quienes se desempeñen como monotributistas, bajo las condiciones establecidas en la legislación.
En caso de que los ingresos superen el límite permitido, la prestación podrá suspenderse mientras se mantenga esa situación. Si posteriormente la persona pierde el empleo o vuelve a cumplir los requisitos, podrá solicitar la rehabilitación del beneficio.
La medida apunta a evitar que la incorporación al trabajo formal implique necesariamente la pérdida definitiva de una pensión.
Qué pasará con las prestaciones, los tratamientos y el transporte
Otro de los aspectos centrales de la nueva ley es la continuidad del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad.
La legislación mantiene el nomenclador único que establece los valores de referencia para los servicios y contempla mecanismos de actualización periódica de los aranceles.
Esto alcanza a prestaciones comprendidas en el sistema, entre ellas tratamientos de rehabilitación, terapias, transporte y servicios de instituciones especializadas.
La actualización de los valores busca dar mayor previsibilidad a los prestadores, que dependen de esos pagos para sostener la atención.
Asimismo, la nueva normativa contempla la regularización de las deudas pendientes con prestadores del sistema de discapacidad.
Cuándo se pagarán las deudas a los prestadores
El texto aprobado por el Congreso establece un mecanismo para regularizar las obligaciones económicas pendientes.
Según las disposiciones previstas, el Poder Ejecutivo deberá presentar un cronograma de regularización dentro de los 30 días correspondientes y completar los pagos comprendidos en el mecanismo en un plazo de hasta 90 días, conforme a los requisitos administrativos establecidos.
Estas medidas buscan garantizar la continuidad de los servicios y evitar interrupciones en tratamientos y prestaciones.
El Gobierno deberá reglamentar la nueva ley en 30 días
Uno de los puntos más relevantes de la sanción es el plazo previsto para que el Poder Ejecutivo avance con su reglamentación.
La nueva ley establece un plazo de 30 días para su reglamentación, aunque el cómputo deberá ajustarse a las disposiciones de entrada en vigencia de la norma.
La aprobación del Senado completa el trámite legislativo, pero todavía restan la promulgación, la publicación oficial y las medidas administrativas necesarias para poner en funcionamiento el régimen.
Durante el debate parlamentario, legisladores de la oposición reclamaron al Gobierno nacional que cumpla con la reglamentación y garantice los recursos necesarios para aplicar las disposiciones aprobadas.
El pedido se produjo en un contexto de reclamos de organizaciones, familias y prestadores por las dificultades de financiamiento del sistema.
Cómo serán las auditorías de las pensiones por discapacidad
La nueva legislación también contempla mecanismos de fiscalización y control de las prestaciones.
Los organismos competentes podrán realizar auditorías periódicas y cruzar información con distintas dependencias del Estado, entre ellas ANSES y ARCA.
Sin embargo, los procedimientos deberán respetar el derecho de defensa de los beneficiarios y las garantías administrativas correspondientes.
La finalidad es controlar el cumplimiento de los requisitos sin eliminar las protecciones previstas para las personas que tienen derecho a recibir las prestaciones.