A través de un mensaje en redes sociales, el jefe de Estado dio a conocer que rechazará la norma, del mismo modo que lo había hecho con la ley que incrementaba las jubilaciones mínimas.
“Veto total”, respondió el Presidente a un posteo en X que había hecho el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez. Ese funcionario había manifestado que la “última palabra” respecto de la suerte de esa medida la tenía Milei.
La decisión fue tomada esta mañana, en una reunión entre el Presidente y sus principales colaboradores en Casa Rosada para precisamente realizar un control de daños luego de que la Cámara alta rechazara el DNU que le otorgaba 100 millones de dólares en carácter de fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y sancionara el presupuesto universitario.
El proyecto no contaba con el aval del oficialismo, que argumentó que ese incremento pone en riesgo el objetivo de alcanzar el “superávit fiscal”.
El proyecto aprobado con amplio apoyo establece el financiamiento universitario y no solo incrementa el presupuesto sino que incluye una recomposición salarial para los docentes y no docentes. De esta manera, se estima que la ley tendría un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que implica un 0,14 por ciento del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Por su parte, el mandatario espera confiado tener nuevamente el respaldo de unos 90 legisladores para volver a confirmar el veto de una nueva ley del Congreso, del mismo modo que sucedió con la reforma jubilatoria.
Para esto, el oficialismo mantendrá sus lazos no sólo con el MID de Oscar Zago, ex jefe del bloque libertario que a pesar de irse mantiene su línea de lealtad al Presidente. Asimismo, esperan sostener un acuerdo con los cinco diputados radicales que se reunieron con el mandatario y fueron claves para cambiar su postura respecto de la movilidad jubilatoria.
Las implicancias de un posible veto
Si Milei cumple su promesa y rechaza la recomposición universitaria, sería la segunda medida drástica de este tipo que toma en pocos meses contra un sector muy afectado por la inflación. En la primera oportunidad, el veto contra la ley que mejoraba la situación de los jubilados funcionó: el Gobierno logró que un número justo de diputados cambiara de opinión y frustró las posibilidades de que el Congreso insista con la idea.
El veto de la Ley de Financiamiento Universitario podría exacerbar el malestar manifestado en abril por medio de las marchas masivas que obligaron a la gestión de Milei a morigerar sus planes de ajuste. A diferencia del segmento de los pasivos, estudiantes, docentes y no docentes universitarios ya demostraron su capacidad para movilizarse y plantear sus reclamos. Esta probable resistencia, sumada al costo político que tuvo el veto anterior, obligaría al Gobierno a elevar el tono de la confrontación para impedir que el Parlamento consiga la mayoría de dos tercios necesaria para ratificar la norma en el caso de que el Poder Ejecutivo la descarte.