En su sitio web, la Universidad Nacional de las Artes expresa su “más enérgico repudio al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Esta decisión agrava la crisis que atraviesa el sistema universitario público y desconoce el reclamo masivo y transversal que la sociedad argentina expresó en las Marchas Federales del 23 de abril y del 2 de octubre de 2024”.
“La universidad pública hoy enfrenta un escenario alarmante: más del 70% de los salarios docentes y no docentes se encuentran por debajo de la línea de pobreza; las partidas presupuestarias son insuficientes para mantener la infraestructura de los edificios; peligra la continuidad de las becas universitarias, que son esenciales para garantizar la igualdad de oportunidades; y se ha dejado de lado la inversión en investigación, ciencia y tecnología, pilares fundamentales para el desarrollo soberano de la Argentina”, agrega el comunicado.
“Valoramos el compromiso de las y los diputados y senadores que votaron en defensa de la universidad pública, reconociendo que la educación pública de calidad es la base del futuro de nuestro país. Sin embargo, el veto presidencial ignora ese mandato social y político, desatendiendo el derecho a la educación superior”.
Por ultimo reflexiona “La universidad pública argentina es parte esencial de nuestra historia, de nuestra identidad y de nuestro proyecto como nación. Es presente y futuro. Desde la Universidad Nacional de las Artes afirmamos con convicción que no permitiremos que se destruya. Seguiremos luchando por la educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad, porque en ello se juega la dignidad e igualdad de nuestros y nuestras estudiantes, de las y los trabajadores y de toda la sociedad argentina”.
Los motivos del veto presidencial
Entre los motivos esgrimidos en el veto de la ley de financiamiento universitario, el Gobierno afirmó que la normativa “incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventar dicho gasto” lo que genera “un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica” y provoca “perjuicios concretos para la población, especialmente para los sectores más vulnerables”.
A su vez, manifestaron que aumentar el gasto sin respaldo real empujaría al Gobierno a financiarse con emisión monetaria “sin un anclaje de sostenibilidad”, lo que se trasladaría “en un costo al conjunto de la sociedad, en tanto la emisión presiona sobre los precios y erosiona el poder adquisitivo de salarios”.