El 1 de abril de 1991 entró en vigencia en nuestro país la Ley de Convertibilidad, N° 23.928. Duró 11 años hasta su derogación el 6 de enero de 2002.
La relación cambiaria fijaba la equivalencia de 1 dólar estadounidense por cada 10.000 australes o, posteriormente, un Peso convertible. La ley exigía la existencia de respaldo en reservas de la moneda circulante, por lo que se restringía la emisión monetaria al aumento del Tesoro Nacional. El período en que duró la ley de convertibilidad se llamó popularmente “el uno a uno”, en referencia a la igualdad de la moneda nacional frente al dólar estadounidense.
La convertibilidad “empezó a cerrar con las privatizaciones”, que aportaron recursos extraordinarios, pero transitorios. El Estado tuvo un montón de recursos con los que no contaba antes ni contó después. Pero esos recursos se fueron agotando. Cuando esos ingresos desaparecieron, el esquema comenzó a resquebrajarse.
En sintonía con ese diagnóstico, Carlos Raimundi, entonces también diputado del radicalismo, señala que la convertibilidad fue posible gracias a una combinación de factores externos e internos que la volvían frágil: la abundancia de liquidez financiera global, los ingresos por privatizaciones y un nuevo endeudamiento que multiplicó la deuda externa. “Argentina vivió durante 11 años la ficción que únicamente en acá tenía valor, y es que un peso costaba un dólar”, sostiene. Su voto de rechazo, en el marco de la pertenencia a la UCR, fue por estar “en contra de la política de ajuste neoliberal”.
El colapso de 2001 aparece como punto de inflexión inevitable en cualquier análisis. Liendo lo vincula con una corrida bancaria que desató una contracción abrupta del crédito y la actividad: la salida masiva de depósitos en dólares obligó a los bancos a restringir préstamos, profundizando la recesión. Pero también reconoce una limitación estructural: en un sistema donde se captan y prestan dólares, el retiro de esos fondos impacta directamente en la economía real.
¿Es una buena idea dolarizar hoy?
A 35 años, el debate se proyecta sobre el presente. Las discusiones sobre dolarización o anclajes cambiarios rígidos reactivan la experiencia de los noventa. Tomás Liendo descarta replicar el esquema: “No son convenientes ni la dolarización ni una convertibilidad” en el contexto actual. Pascual coincide desde otro ángulo: la dolarización fue “un espejito de colores” de la campaña electoral, impracticable en la Argentina por múltiples razones. Raimundi, por su parte, rechaza también cualquier intento de revivir ese tipo de régimen, al que considera funcional a los intereses concentrados que, sostiene, fueron los principales beneficiarios de la convertibilidad original.
Entre la estabilización necesaria y los costos acumulados, la convertibilidad sigue siendo una referencia ineludible. Más que una respuesta cerrada, su aniversario reabre una pregunta estructural: cómo construir un régimen económico capaz de ordenar la crisis sin hipotecar el largo plazo.