En estos días nuestro país debate iniciativas legislativas que, de ninguna manera, pueden analizarse separadas de las condiciones sociales que las originan. Antes de discutir sanciones más duras para niños y adolescentes, es imprescindible preguntarnos qué sociedad los formó, qué oportunidades tuvieron y qué responsabilidades colectivas hemos asumido o eludido como comunidad organizada.
¿Cómo juzgar hoy a la generación de nuestros padres o abuelos o a los hijos del neoliberalismo de los 90, que atravesaron el siglo XX entre crisis económicas, exclusión y hambre? Muchos conocieron la pobreza en carne propia y en más de una ocasión, debieron recurrir a estrategias de supervivencia que hoy podrían ser calificadas como delito, pero que entonces respondían a una necesidad básica: comer o abrigarse.
La pobreza no es una categoría estadística abstracta. Es haber pasado frío por no tener abrigo, haber naturalizado la intemperie o haber crecido sin acceso a condiciones básicas de vida.
La pobreza también es haber crecido dependiendo de letrinas o pozos ciegos como única alternativa sanitaria, cargando con las enfermedades, las desigualdades y la precariedad que esa forma de vida impone desde la infancia.
Cuando esas experiencias marcan una trayectoria vital, resulta simplista y profundamente injusto abordar la conflictividad juvenil únicamente desde la respuesta punitiva.
Juan Domingo Perón señalaba que una de las herramientas más eficaces para prevenir la delincuencia juvenil durante sus primeros gobiernos había sido el fortalecimiento de los clubes de barrio como espacios de integración social, deporte y comunidad organizada. Aquella política pública no partía de la criminalización, sino de la inclusión.
Hoy, algunas propuestas pretenden instalar que la solución radica en bajar la edad de imputabilidad y trasladar a niños y adolescentes al sistema penal o a instituciones de encierro. La pregunta es inevitable: ¿qué problema estructural se resuelve encarcelando más temprano?
Desde hace tiempo, junto al equipo de investigación del Instituto de Educación Superior “Abuelas de Plaza de Mayo”, venimos trabajando en iniciativas que colocan a los clubes como actores estratégicos de contención social. Allí, combinando educación formal, actividad deportiva y acompañamiento estatal, es posible construir trayectorias de inclusión reales.
El club de barrio puede ser el espacio que retire a un niño de la calle, que lo aleje de consumos problemáticos, que reduzca la microviolencia cotidiana y que le devuelva pertenencia y proyecto de vida.
Construir una sociedad más justa no se logra ampliando el sistema punitivo, sino fortaleciendo la escuela, la comunidad organizada y un Estado presente que garantice derechos básicos: educación, alimentación, salud e infraestructura.
No se trata de justificar el delito, sino de comprender sus causas para prevenirlo de manera eficaz. La educación sigue siendo el gran igualador social, y los clubes pueden transformarse en una herramienta concreta para hacerlo efectivo.
Frente al debate actual, la respuesta no debería ser más castigo temprano, sino más inclusión temprana.
No a la baja de la edad de imputabilidad.
Sí a la inclusión social a través de la educación, el deporte y la presencia activa del Estado.
MARCELO SEGURA, Rector del IES Abuelas de Plaza de Mayo