Legisladores oficialistas y opositores, asociaciones de juristas y de derechos sociales y abogados exponen ante la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados sus fundamentos sobre los pedidos de enjuiciamiento a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, a quienes acusan de mal desempeño de sus funciones.
Las acusaciones del Ejecutivo se fundan principalmente en el fallo de la Corte que benefició a la ciudad de Buenos Aires en el litigio que mantiene con Nación por los fondos coparticipables, y también por reponer después de 16 años la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con una composición de 20 miembros, y que había sido derogada por el Congreso.
También se cuestiona al máximo tribunal el haber legitimado en 2017 el cómputo del “2×1” para que Luis Muiña, un represor de la última dictadura cívico-militar, accediera al beneficio de la libertad condicional.
Otra de las causales son una serie de “irregularidades, incumplimientos y desmanejos” en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), que es administrada por la propia Corte.
Tras escuchar a los impulsores de los 14 juicios políticos y que se vote la admisibilidad comenzará la recolección de pruebas y allí se deberá diagramar la convocatoria a testigos.
La admisibilidad del juicio político se definirá en la reunión del próximo jueves 9 de febrero por simple mayoría, y allí el oficialismo está en condiciones de imponer su postura para abrir el sumario y comenzar la investigación que contemplará pedir documentación, convocar a los acusados, citar testigos, y en caso de que no concurran pedir su citación por la fuerza pública.
Fuente: TELAM